Economía

Un medio correcto usado de forma incorrecta: el salario mínimo

  • Porque fracasan las naciones” es uno de los libros más comentados, vendidos y aclamados en el ámbito económico, escrito por los académicos Daron Acemoglu (Instituto Tecnológico de Massachussets o MIT) y de James Robinson (Universidad de Chicago al presente y en Harvard cuando se publicó el libro en 2012). Su principal argumento es que el desarrollo de los países descansa principalmente en la posibilidad de que existan instituciones inclusivas que incentiven y promuevan el bienestar común.
  • El 24 de septiembre de este año estará disponible otro libro de ambos autores con el sugerente título “El corredor estrecho: Estados, sociedades y el destino de la libertad”. De manera general, se centra en el balance que debe existir entre la sociedad y el Estado para conseguir el bien común. Un aspecto de este balance es en qué medida las instituciones funcionan para velar por los individuos más vulnerables.
  • Una de las políticas de apoyo a la población vulnerable es el salario mínimo, el cual es definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “la cuantía [cantidad] mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período determinado”, con el fin de “proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas”. Actualmente el 90% de los países de la OIT fijan esa remuneración mínima.
  • El Convenio 131 de la OIT de 1970, del cual Bolivia es signatario, se señala que éstos deben ser fijados tomando en cuenta “las necesidades de los trabajadores y de sus familias”, así como “los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.”
  • Además, sugiere que su fijación sea hecha “en pie de igualdad, los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, o, si no existiesen dichas organizaciones, los representantes de los empleadores y de los trabajadores interesados.”
  • En el caso boliviano, varios de estos aspectos no se cumplen:
    • no existe una consulta tripartita, lo cual significa que se consulten a los empleadores y empleados en igualdad, para que se puedan conciliar los criterios anteriormente señalados, no necesariamente que se genere una mesa de discusión al respecto;
    • es más que proporcional a las necesidades de los trabajadores, puesto que el salario mínimo está en un nivel que es casi tres veces superior a la línea de pobreza, que es el cálculo oficial del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del mínimo requerido para el sustento individual mensual;
    • es inconsistente con el grado de desarrollo económico y la productividad del país, el cual se mide como proporción del ingreso por habitante o por trabajador. De hecho, según “Empleos para crecer” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el cuarto más alto en Latinoamérica en relación al ingreso por habitante; o, lo que es similar, está por encima del grado de desarrollo que tiene actualmente; y,
    • desincentiva la creación de empleo y promueve la precarización (informalidad) del trabajo, porque resulta ser prohibitivo para las micro y pequeñas empresas en relación con la productividad laboral. Eso se concluye de la investigación “Evidencia de los impactos del salario mínimo en los resultados del mercado laboral: el caso de Bolivia” de M. Claure, A. Leytón, C. Valencia, V. Sánchez y J. Dávalos.
  • Uno de los problemas más graves del Salario Mínimo Nacional (SMN), tal cual está fijado en el país, es que se constituye en una política aspiracional, en lugar de una regulación que promueva los fines para los que fue creado. Menos del 10% de los trabajadores formales (alrededor de 100 mil trabajadores) percibe menos del SMN, mientras que más de la mitad de los trabajadores informales (por encima de dos millones) no perciben siquiera el SMN.
  • A eso se debe sumar el hecho de que la política laboral en su conjunto habría sido nociva para aumentar el empleo y reducir la informalidad. Una investigación que se publicará en junio del presente año con el título “Resultados en el mercado de trabajo y políticas laborales en Bolivia: un enfoque de búsqueda y emparejamiento” de R. Nogales, P. Córdova y M. Urquidi sustenta tal afirmación.
  • Finalmente, se debe tomar en cuenta que la política de establecer un salario mínimo no es nociva por si misma. Uno de los aportes del destacado y recientemente fallecido economista Alan Krueger (1960-2019) fue mostrar que las alzas moderadas de los salarios mínimos no siempre están acompañadas de resultados negativos en el mercado laboral. Además de que una política orientada a elevar los ingresos laborales debe estar enfocada en la productividad de los trabajadores, en especial en un ámbito de rápido cambio por la globalización y automatización.
  • Todo depende del contexto. En un momento en el cual las condiciones económicas son favorables (altos precios de exportación y dinamismo en la demanda externa de productos), fue adecuada para reducir la desigualdad. Pero en circunstancias contrarias a las mencionadas, pueden destruir empleos y claramente ser evadidas mediante la informalidad, como lo señala el BID en diversas publicaciones.
  • De igual forma, el contexto también tiene un cariz espacial. Latinoamérica es distinta que los países industrializados y las razones por las cuales no funciona la política de salario mínimo no tienen que ver con desocupación forzada. Un libro reciente de Beatriz Armendáriz (Universidad College de Londres y Harvard) y de Felipe Larraín (ministro de hacienda de Chile) titulado “La economía de la Latinoamérica contemporánea” es claro en señalar que “Estas políticas [salario mínimo] han sido inefectivas o inaplicables en la práctica. La razón es simple: las políticas de salario mínimo pueden proteger el ingreso de aquellos trabajadores que ya tienen un empleo formal, pero no el de la mayoría cuyos ingresos provienen del empleo informal o del empleo por cuenta propia.”
  • El académico que citamos al inicio, Daron Acemoglu, señaló hace unos días que “La prosperidad se genera a partir de la creación de empleos que paguen salarios decentes.” Incluso fue enfático en su artículo de opinión en afirmar que “Los buenos empleos no surgen naturalmente de los mercados libres. Más bien, requieren instituciones del mercado laboral que protejan y empoderen a los trabajadores, sistemas educativos financiados generosamente y redes de seguridad social efectivas.”
  • Según este prominente académico, “se les suele echar la culpa a estas medidas [regulaciones laborales] de sofocar el empleo. Pero, en realidad, pueden crear un círculo virtuoso de crecimiento, porque el costo mínimo de la mano de obra [salario mínimo] crea un incentivo para que las empresas racionalicen y mejoren sus procesos de producción, aumentando así la productividad y, en consecuencia, la demanda”.
  • En síntesis, requerimos cambiar el enfoque convencional y anacrónico de discusión salarial para un segmento limitado a uno que esté centrado en la productividad, lo cual incluye protección al trabajador, su capacitación y sistemas de seguro social. Caso contrario, continuaremos en una discusión del siglo XX en una materia tan relevante como la laboral.

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