La primera ley promulgada en 2025, Ley 1613, que pone en vigencia el Presupuesto General del Estado es una clara señal de que el Gobierno está negado a solucionar la actual crisis económica que vive el país.
El Directorio y los más de 2.000 asociados de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) manifestamos nuestra profunda preocupación ante la promulgación de la Ley 1613 que pone en vigencia el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, sin el correspondiente debate ni aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Consideramos que esta acción refleja una alarmante desconexión con las realidades económicas del país y un preocupante precedente en la gestión institucional.
CAINCO ha manifestado de manera clara y reiteradamente su preocupación ante las decisiones económicas que carecen de un enfoque sostenible y realista, pero más allá de esto, señalamos categóricamente que el PGE 2025 es una firme intención de perpetuar las deficiencias estructurales de la economía boliviana, poniendo en riesgo la estabilidad del sector productivo, y acentuando los desafíos ya existentes, como lo hemos manifestado anteriormente.
Por segundo año consecutivo, el presupuesto es aprobado unilateralmente, limitando la discusión plural y necesaria en una democracia. Este proceder bloquea la posibilidad de incorporar ajustes y mejoras que reflejen las necesidades del país. La Comisión de Planificación, eliminó dos artículos y planteó nueva redacción para otros tres artículos, pero la dilatación para su tratamiento en pleno antes receso anual de la ALP, es una clara señal de que el futuro económico del país está atrapado en profundos intereses político-partidarios y no enfocado en el bienestar del pueblo boliviano.
La autorización de endeudamiento externo por hasta $us 4.000 millones para apoyo presupuestario, deuda pública y emergencias, agrava la ya delicada situación financiera nacional y demuestra que no existe la voluntad para la atracción de divisas, el status quo solo perpetuará la crisis.
La vigencia de la disposición adicional séptima, que otorga facultades a las entidades del Estado para decomisar productos de la canasta familiar, refuerza incertidumbre y afecta gravemente la confianza en el clima de inversión y actividad económica. Esta medida, lejos de solucionar los problemas de abastecimiento, desincentiva la producción y comercialización.
El diseño del PGE refleja una visión desconectada de las dificultades económicas reales del país, incluyendo la crisis inflacionaria, la caída de las reservas internacionales y el estancamiento productivo.
CAINCO hace un llamado urgente a las autoridades nacionales para trabajar con políticas económicas realistas y efectivas que estimulen la inversión, generen empleo y fortalezcan la seguridad jurídica.
La aprobación del PGE, demuestra la ausencia del diálogo y debate en la ALP y profundiza la crisis económica e institucional que vive el país.