Después de la transición política en noviembre es necesario esbozar una hoja de ruta en varios ámbitos ciudadanos, incluido el económico. En este corto artículo se esbozan elementos de discusión, análisis y propuestas para las políticas económicas en el corto, mediano y largo plazos.

Bolivia ya comenzó a sentir las repercusiones de la desaceleración económica regional. El magro crecimiento acumulado del PIB de 3,1% al primer semestre es explicado en gran parte por las menores ventas de gas a Argentina y también a Brasil, lo cual explica la caída de 20% en la producción y venta de hidrocarburos bolivianos.

Además de ello, se suman los efectos de los eventos sociales y políticos después de las elecciones generales de octubre. Un cálculo interno que toma en cuenta el alcance geográfico, el impacto por mes y día y el apoyo implícito a las movilizaciones señala que se había dejado de producir en torno a 2% del PIB, que es equivalente a una cifra cercana a 1.000 millones de dólares.

En el contexto de mayor calma social después de la incertidumbre política, existen varias cuestiones que merecen ser abordadas respecto a la economía en 2020, independientemente de los actores políticos y sociales que sean protagonistas al año siguiente en medio de la elección democrática de nuevos gobernantes.

En este artículo enfocamos tres campos de análisis para su reflexión serena pero objetiva. Ellos son la restauración del equilibrio macroeconómico en el corto plazo, la activación de medidas que impulsen el sector productivo en un contexto adverso y un lineamiento de las reformas estructurales que deben ser iniciadas.

 

El fortalecimiento de la estabilidad económica

Durante los últimos años los egresos públicos han sino mayores que sus ingresos, por lo cual el Estado ha incurrido en déficit fiscales consecutivos por encima de 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Si bien los recursos se explican por la mayor inversión pública, el hecho de que los retornos de estos proyectos se concreten durante varios años genera dificultades a las arcas públicas. Por esta razón, el endeudamiento externo subió como proporción del PIB. Aunque todavía permanece dentro de los rangos adecuados para el país, el costo es creciente y existe un límite al financiamiento vía deuda.

Por otra parte, dado que la inversión y el mismo proceso productivo es intensivo en insumos y materia prima extranjera, la dinámica y composición del gasto se ha transformado en un requerimiento de divisas o moneda extranjera, que ha mermado las reservas internacionales gradualmente.

Con un esquema de tipo de cambio fijo en la práctica, el anterior panorama debe ser resuelto de tal forma que existan menores presiones de egresos fiscales y caída de divisas. Para ello, es recomendable que se modere la demanda interna, en especial la inversión pública, mientras se afirma la sostenibilidad fiscal y externa.

Esto implicará menor dinamismo en algunos sectores económicos, pero de no hacerlo de la forma correcta con priorización y focalización, podría derivar en la necesidad de un ajuste más brusco en la economía nacional con efectos negativos en el bienestar social.

 

El impulso a la actividad productiva y el empleo

En medio de una desaceleración adicional inducida por menor inversión pública, será fundamental que la estrategia de corto y mediano plazo incluya medidas para que el sector privado pueda generar más actividad y fuentes de empleo.

Por ejemplo, sin generar desequilibrios importantes la exención del Impuesto a las Utilidades de Empresas (IUE) en los dos primeros años podría reducir los costos hundidos o no recuperables de una inversión. Además, que se podría mejorar sustancialmente en el índice de clima de negocios del Banco Mundial, donde está peor posicionado en el ámbito impositivo.

De igual forma, se pueden mejorar los mecanismos de coordinación en el proceso productivo. Así, mejores fuentes de financiamiento no bancario a pequeños agrícolas mediante las industrias podrían generar mayor producción agropecuaria en el corto plazo. Por otra parte, procesos más cortos y menos burocráticos de importación de insumos intermedios podrían también ser beneficiosos.

En este entorno, será clave el proceso de construcción de capacidades estatales. Es decir, mejorar la eficiencia y eficacia del sector público en la provisión de bienes públicos e infraestructura a la ciudadanía incluyendo a emprendedores.

En este aspecto, es altamente recomendable el enfoque propuesto por el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard conocido como el enfoque iterativo y adaptativo basado en problemas (PDIA por sus iniciales en inglés), que se concentra en soluciones locales para problemas locales.

De esa forma, se podrá buscar sector por sector y región tras región los problemas más restrictivos que impiden la aparición y desarrollo de actividades económicas que son socialmente rentables.

 

Una ruta hacia el desarrollo sostenible

Si bien los aspectos macroeconómicos deben ser afrontados con urgencia y los de impulso productivo en el corto plazo, el inicio de reformas estructurales e institucionales no puede esperar. No corresponde a medidas dispersas, sino a cambios que impliquen mayor bienestar para la población.

Por ejemplo, una de las necesidades más apremiantes como sociedad es la creación de empleos dignos y formales que garanticen la vigencia plena de derechos laborales y no simplemente nominativos. En tal sentido, la legislación laboral debe ser adecuada a una realidad distinta en el siglo XXI donde los emprendimientos son distintos a la época en la cual fue promulgada caracterizada por empresas aisladas y grandes, frente a ideas que requieren mayor agilidad para plasmarse en proyectos y emprendimientos.

De igual forma, es necesario delinear un esquema regulatorio que cumpla los propósitos de organización industrial modernos. Esto es, promover la defensa de los intereses ciudadanos incluidos su seguridad, pero también proporcionar un marco legal y normativo estable, aplicable y adecuado para el desarrollo de las actividades productivas.

En similar dirección, se requerirá un cambio profundo en el ecosistema educativo, para pasar de enfatizar la cantidad a ponderar la calidad. Bolivia está fuera del mapa de capital humano puesto que no cuenta con evaluaciones sobre su desempeño en rankings internacionales. Pero además de la necesaria medición, se requiere reformular el sistema para que los participantes en los sistemas de educación puedan adquirir habilidades y competencias y no simplemente conocimiento.

Finalmente, es importante señalar que también se deben perfeccionar los sistemas de participación ciudadana y de involucramiento social. Por una parte, los eventos recientes en diversas partes del mundo muestran una manifestación distinta de los ciudadanos frente a medidas de política pública. Esto requerirá también disminuir los niveles de polarización y, lo que es lo mismo, incrementar la tolerancia y espacios de diálogo entre diversas visiones.

Por otra, estudios serios señalan que un esquema democrático e institucional pueden implicar hasta una ganancia de 20% en el ingreso por habitante en el largo plazo, como lo muestran los destacados académicos James Robinson y Daron Acemoglu, autores del éxito editorial “Por qué fracasan las naciones”.

En resumen, el país confronta varios desafíos que requieren varios elementos como la perspectiva técnica y objetiva para el diagnóstico y prescripción de políticas adecuadas, la necesaria complementariedad con análisis sociológicos y políticos que canalicen su viabilidad y la visión legal y de jurisprudencia que permitan su consolidación en el plano normativo.

Bolivia en 2020 debe rescatar lo razonable de lo experimentado en estas dos décadas del siglo XXI, modificar criteriosamente lo que ha impedido desarrollarnos más, quitar las barreras que traban la generación de ingresos estables y dignos, así como tomar medidas acordes con una era distinta y en constante transformación.

No es una tarea fácil ni para Bolivia ni para los diversos países en el mundo. Pero su consecución es una obligación y prioridad para el país, si es que se desea mejorar de forma permanente y con aceptación social el bienestar de quienes habitan en el país.

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