La crisis de combustible que enfrenta Bolivia es una consecuencia directa de la falta de planificación y de la ausencia de reformas estructurales.
Frente a esta realidad, el Gobierno no puede seguir trasladando su responsabilidad a otros actores cuando la falta de gobernabilidad es una constante en su gestión. Tampoco es válido señalar al sector privado por ser beneficiario de un subsidio asignado por ellos mismos y mucho menos a la población que hoy se encuentra en filas interminables sin respuestas racionales.
El país no puede continuar dependiendo únicamente de la búsqueda desesperada de divisas a través de deuda para financiar por unos meses más la importación de combustible. Esa no es una solución, sino una simple postergación del problema; un paliativo temporal que no tiene sentido sin encarar las medidas de fondo.
El Articulo 367 de Constitución Política del Estado establece que la explotación, consumo y comercialización de los hidrocarburos deben sujetarse a una política de desarrollo que garantice el consumo interno. Sin embargo, el Estado ha incumplido este principio, no solamente ha permitido que la producción nacional caiga de manera alarmante, sino que tampoco, como lo han afirmado públicamente, están en condiciones de garantizar la totalidad el consumo interno.
La falta de combustible impacta en la producción agropecuaria y acelera aún más la inflación, lo que afecta directamente a la población en su conjunto.
Por lo tanto, exigimos la apertura no de “ventanas coyunturales” sino de medidas estructurales que garanticen el abastecimiento interno y que permitan la participación privada. Lo que demanda una revisión profunda y responsable de normativas y reglamentaciones conexas vigentes que permitan la libre e irrestricta importación de combustible, tanto para consumo propio como para su comercialización masiva y por otro lado, incentiven la inversión privada en este sector.