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Empresas privadas aportan significativamente a políticas sociales

El presidente de CAINCO, Jorge Arias, señaló que la información estadística muestra que el sector privado contribuye decisivamente a la economía nacional mediante creación de empleos y generación de valor agregado.

Nota de Prensa     05-05-2017

Sobre la base de información pública, el titular de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz – CAINCO, indicó que el sector privado formal aporta de manera decisiva a la economía, en especial al empleo. De hecho, y tomando las cifras de la Encuesta de Hogares 2015, indicó que las empresas privadas formales generaron cerca de 600 mil empleos, considerablemente mayor a los 17 mil puestos provistos por las empresas públicas, dado que estas últimas son intensivas en capital por los sectores en los cuales se concentran.

De igual forma, resaltó que las empresas formales contribuyeron en 2016 más de $us 6.000 millones al erario público para los fines sociales que éste disponga, una cifra que es mayor a la contribución total de las empresas públicas entre impuestos y dividendos transferidos, las cuales alcanzaron a $us 1.200 millones el año pasado, cifras que se infieren del libro recientemente presentado “Las empresas públicas en el nuevo modelo económico boliviano”.

Aludió que dicha cifra no incluye los aportes patronales del empresariado formal a la seguridad social de corto plazo (seguro médico) y a la de largo plazo (aporte solidario a pensiones), como a los fondos para vivienda y capacitación de sus trabajadores, que habrían llegado a superar los mil millones de dólares en 2016, sólo por parte de las empresas privadas legales.

Por tanto, fue enfático en señalar que las empresas privadas tienen un rol importante en las políticas sociales, ya sea de forma directa al proveer seguridad y beneficios sociales a sus miles de trabajadores, como también en forma indirecta mediante la importante contribución impositiva, las cuales se plasman en gasto e inversión social.

En tal sentido, indicó que la diferenciación entre empresas públicas y privadas en la aplicación de los decretos sobre el incremento salarial es artificial puesto que ambas tienen un rol definido en la economía tal como lo establece la Constitución Política del Estado donde se alude a la igualdad jurídica ante la ley de las formas privada, estatal, comunitaria y cooperativa en su artículo 311.

Finalizó indicando que el criterio de aplicación debería ser similar para estos sectores, tomando en cuenta su situación (utilidades en 2016), su sostenibilidad (flujo financiero en los tres años siguientes) y la fuente de liquidez para el aumento (giro principal del negocio).